Dura contraofensiva judicial contra el empresario Tofoni por el uso de datos confidenciales de EE.UU. en denuncias contra la AFA

Javier Faroni impulsó de manera formal la acción penal por los delitos de falso testimonio y estafa procesal contra el empresario deportivo Guillermo Tofoni, basado en un fallo de la Corte del estado de Delaware que determinó que la prueba bancaria obtenida en Estados Unidos, conocida como Discovery, no podía usarse en denuncias penales en la Argentina. El escrito asegura que la vía penal fue utilizada para presionar en el conflicto comercial del empresario argentino con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Se trata de un contragolpe judicial del cuestionado empresario argentino cuya empresa TourProdenter -radicada en Estados Unidos- desplazó a la de Tofoni de varios contratos internacionales de representación que tenía con la AFA. En el marco de su disputa comercial, Tofoni obtuvo valiosa información sobre los movimientos bancarios y económicos de Faroni, que reveló supuestos fraudes y posibles manejos ilegales de fondos que deberían haberse incorporado al patrimonio de la institución que conduce Chiqui Tapia. En la AFA hay sumo interés por difundir los reclamos de Faroni.

Faroni es patrocinado por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, y este jueves solicitó al juez penal Alfredo Godoy que impulse la acción penal y amplió su denuncia contra Guillermo Tofoni porque dice que la intención es acorralarlo judicialmente a él, a su entorno familiar y a la conducción de la AFA.

El escrito al que tuvo acceso Clarín, Faroni incorporó como “hecho nuevo” una resolución dictada por el juez Richard Andrews, titular del Tribunal de Distrito para el Distrito de Delaware, el lunes pasado. De acuerdo con ese fallo, Tofoni usó de forma “improcedente” e “ilegal” información bancaria confidencial de cuentas en Estados Unidos para impulsar denuncias penales en la Argentina, cuando en rigor esa prueba solo le había sido concedida para una causa estrictamente comercial el fuero civil porteño.

“El uso que el señorTofoni hizo de los materiales de TourProdEnter en procesos penales argentinos excede ampliamente el alcance de lo que solicitó en su petición y, por lo tanto, es improcedente.”, afirmó categóricamente el juez Andrews en su fallo.

El magistrado norteamericano remarcó que “no es razonablemente contemplable que documentos revelados para resolver una controversia contractual comercial fueran a utilizarse en procesos penales no relacionados”. Por esa razón, dispuso una orden de protección estricta que circunscribe el uso de los datos financieros en exclusiva al pleito civil de la AFA, prohíbe su filtración a la prensa o a cualquier fuero no autorizado y exige la devolución o destrucción de los registros no habilitados.

En su escrito ante la justicia penal porteña, la defensa de Faroni enfatizó que la resolución de Delaware no es un hecho aislado, sino la cuarta orden judicial consecutiva de la justicia de Estados Unidos. Ya el Tribunal del Distrito Medio de Georgia había emitido tres órdenes en el mismo sentido (el 7 de octubre de 2025, el 27 de abril de 2026 y el 21 de julio de 2026), prohibiéndole explícitamente usar el material de Synovus Bank para utilizarlas en acciones penales contra Faroni o la AFA.

Para la querella encabezada por Rusconi y Palmeiro, Tofoni engañó a los jueces y fiscales argentinos al declarar bajo juramento que no tenía restricciones para aportar la prueba obtenida en Estados Unidos. Con esa documentación, que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) definió en un informe como la “hoja de ruta” utilizada para encauzar las pesquisas, Tofoni habría inducido al error a los investigadores locales.

Basándose en esa “hoja de ruta”, que proveyó el material de Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2026 la fiscalía penal 41 calificó dicha documentación financiera como “prueba fundamental” de la causa penal. Sobre esa base, libró un exhorto internacional dirigido a las autoridades judiciales de Estados Unidos para solicitar formalmente los informes oficializados sobre cuentas bancarias personales y de sociedades asociadas y los antecedentes penales de Faroni y su entorno.

El 13 de octubre de 2026, la fiscalía reformuló el pedido y, nuevamente, volcó números e información específica de cuentas bancarias. Según la defensa de Faroni, esos datos concretos solo podían provenir del material que obtuvo Tofoni en Estados Unidos. “El agravio es actual, concreto y directo. Se utilizó la vía penal como una herramienta de extorsión patrimonial en una disputa comercial, valiéndose de engaños sobre la legalidad de la prueba aportada”, remarcaron los letrados en la presentación.

A través de abogados, Faroni argumentó que la causa penal porteña y el exhorto enviado a Estados Unidos se sostienen sobre una prueba que nunca debió ser usada en el fuero penal.

Al dictaminar la Corte de Delaware que Tofoni no estaba autorizado a usar esos datos fuera del pleito comercial, la querella sostiene que el empresario argentino incurrió en falso testimonio y estafa procesal, al mentir o acallar las restricciones que pesan sobre el material procedente del proceso de Discovery ante la justicia argentina para lograr que la fiscalía tomara impulso.

Además, que el perjuicio contra Faroni es actual y concreto, ya que las medidas gravosas dictadas en su contra, como el exhorto que solicitó sus datos bancarios y penales y de su entorno en Estados Unidos, se generaron a partir de un material cuya circulación en sede penal fue declarada improcedente e ilegítima por los propios jueces norteamericanos.

En el escrito, Faroni requirió que se lo acepte como parte querellante y que el fiscal ordene de inmediato una serie de medidas de prueba clave para corroborar la falsedad de las declaraciones de Tofoni, entre ellas, si aportó los resúmenes bancarios de Estados Unidos y si notificó allí las prohibiciones impuestas por los jueces de Delaware y Georgia, y determinar si, a marzo de 2026, Tofoni había incorporado en la causa contra la AFA el material que alegó necesitar para ese expediente.

El conflicto central gira en torno al uso de una norma del derecho federal norteamericano que permite a un litigante privado solicitar auxilio judicial en Estados Unidos (Discovery), para exigir documentación confidencial o testimonios a personas o empresas radicadas en territorio estadounidense, destinadas a un pleito en el extranjero o que contemple iniciarlo de forma inminente.

Para que un juez de Estados Unidos conceda ese pedido, el solicitante debe cumplir requisitos estrictos: debe demostrar que la prueba es necesaria y conducente para un expediente o fuero específico en el extranjero y la solicitud se evalúa y autoriza únicamente en función de ese objeto procesal específico declarado bajo juramento.

En octubre de 2025, Tofoni acudió a las cortes de Delaware y Georgia, donde alegó que necesitaba conocer los movimientos bancarios para su demanda contractual contra la AFA por la representación de los partidos de la selección nacional. La justicia de Estados Unidos aceptó el requerimiento y ordenó entidades financieras y bancarias la entrega de resúmenes y registros de cuentas vinculadas a TourProdEnter LLC, sus dueños y directivos.

Sin embargo, una vez que obtuvo esos papeles confidenciales, Tofoni no los habría aportado de inmediato en el expediente comercial. En lugar de ello, se presentó en la justicia penal argentina e inició denuncias por presunto lavado de dinero, evasión y defraudación, en las que aseveró en sus declaraciones testimoniales que no pesaba sobre él “ningún límite ni restricción” para usar ese material donde quisiera.

Esta resolución asesta un duro golpe a la estrategia judicial de Tofoni, al dejar en evidencia las estrictas barreras de confidencialidad y uso que pesan sobre el material obtenido vía Discovery. Con las decisiones de las cortes norteamericanas sobre la mesa, la pelota pasa ahora al terreno de la justicia argentina, que deberá resolver si invalida las actuaciones construidas a partir de esa prueba.

TourProdenter, la empresa de Faroni y su esposa Erica Gilette, es cuestionada por haber empezado a cobrar millonarios contratos comerciales de la AFA a cambio de una inédita comisión de 30%.